La evidencia científica es abrumadoramente clara: Los combustibles fósiles son la principal causa de una emergencia climática que cada vez afecta a un mayor número de personas, provocando miles de muertos en nuestros territorios y en el resto del mundo y destruyendo los ecosistemas que sustentan nuestra vida. Asimismo, los combustibles fósiles son la base de un sistema basado en el extractivismo y el colonialismo que agrava las desigualdades y alimenta graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional. 

Sin embargo, a pesar de sus negativos impactos, la demanda de combustibles fósiles continúa aumentando a nivel mundial, y los gobiernos tienen previsto extraer antes de 2030 más del doble de la cantidad compatible con el límite de temperatura de 1,5°C. A su vez, la financiación a los combustibles fósiles sigue en aumento, al igual que los subsidios, que está previsto que alcancen los 8,2 billones de dólares en 2030.

En los 30 años que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha mantenido negociaciones, el foco se ha centrado en las emisiones, mientras que los combustibles fósiles solo se han mencionado en la decisión final de la COP28. De hecho, a pesar del gran impulso en la COP30, los esfuerzos para incluir una hoja de ruta para el abandono de los combustibles fósiles en la decisión final fueron finalmente frustrados, demostrando las limitaciones de este sistema de toma de decisiones basado en el consenso. Esta situación evidencia la necesidad imperante de un proceso complementario de cooperación internacional que promueva la creación de un instrumento legal vinculante y establezca un plan claro para una transición energética justa, respetando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. 

Por este motivo, la Primera Conferencia para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles en abril de 2026 en Santa Marta (Colombia), coorganizada junto con los Países Bajos, representa una oportunidad histórica para que aquellos países comprometidos, como España, unan sus fuerzas y reaviven el camino del multilateralismo en este tema crucial para el futuro de la humanidad. Es el momento de traducir la voluntad política en una cooperación real y equitativa en materia de planificación, financiación e implementación.

En el marco de esta conferencia, uno de los puntos clave a tratar será la propuesta para la creación de un Tratado sobre Combustibles Fósiles. Ya son 18 países los que apoyan formalmente el llamamiento para este Tratado y se han comprometido a participar en las futuras negociaciones que definirán los detalles más específicos que reposen sobre tres pilares: 1) Transición justa, 2) No proliferación y 3) Eliminación planificada y progresiva. En Europa, el impulso del Tratado cada vez está cobrando más fuerza. El Parlamento Europeo apoya la iniciativa, así como 58 ciudades europeas, incluida Barcelona, y varios países europeos ya respaldan la Conferencia en Santa Marta. Por lo tanto, España tiene la oportunidad de desempeñar un papel clave en la configuración del rol europeo en este proceso internacional.

En un momento indudablemente complejo para la defensa de las políticas climáticas y medioambientales, España está demostrando su compromiso para preservar los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo. A nivel doméstico, contamos con una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ya está alineada con los pilares del Tratado, y con una propuesta de un Pacto de Estado por la Emergencia Climática que establece el “impulso decidido del abandono progresivo de los combustibles fósiles mediante el apoyo a iniciativas globales que faciliten la mitigación internacional de la emergencia climática”. 

Sin embargo, nuestro país aún depende enormemente de los combustibles fósiles, que además siguen recibiendo un alarmante número de subvenciones. Esta dependencia no es solo un problema medioambiental, también es un problema económico y político. La dependencia del petróleo y el gas natural, especialmente de este último, nos vuelve vulnerables a un escenario geopolítico cada vez más hostil, y supone un riesgo cada vez mayor para la soberanía energética y la estabilidad económica de nuestro país. Por eso, necesitamos un plan para el abandono de los combustibles fósiles basado en el diálogo social y los principios de justicia y equidad, tanto a nivel estatal como internacional.

Las organizaciones, colectivos y personas firmantes de esta declaración exigimos al gobierno español que se comprometa a ejercer un papel de liderazgo en la próxima Conferencia en Santa Marta y a sumarse al llamamiento por un Tratado sobre Combustibles Fósiles, contribuyendo al impulso de este proceso multilateral en la Unión Europea. Nuestro país debe unirse al grupo de países pioneros de gran ambición comprometidos a participar en las negociaciones para crear un Tratado sobre Combustibles Fósiles que establezca las acciones necesarias para llevar a cabo una transición justa global que no deje a nadie atrás. 

Los combustibles fósiles son uno de los principales obstáculos para afrontar la emergencia climática y proteger nuestra salud, nuestro bienestar y nuestro futuro. España tiene ahora tanto la responsabilidad como la oportunidad histórica de liderar el camino hacia un futuro libre de combustibles fósiles, demostrando liderazgo moral y un firme compromiso con la acción climática, la cooperación internacional y la justicia social.